Reseña Jurisprudencial: T-126 DE 2026

RESUMEN HECHOS 

Para el Torneo Veredal de Fútbol 2025, INDERPIEDECUESTA habilitó 35 cupos para equipos masculinos y únicamente 10 cupos para equipos femeninos, sobre un total de 45 cupos (77,78% masculino vs. 22,22% femenino). Las accionantes, representantes de equipos de fútbol femenino de veredas rurales de Piedecuesta, consideraron que esta asignación era injustificada, discriminatoria y limitaba la participación de las mujeres rurales en condiciones de igualdad.

El 9 de junio de 2025, Leydy Marcela Pita Barón presentó derecho de petición solicitando la protección de los derechos vulnerados y la participación de su equipo. Mediante escrito del 20 de junio de 2025, INDERPIEDECUESTA respondió que no era posible ampliar los cupos por razones presupuestales y que la convocatoria había sido divulgada oportunamente. Las demás accionantes realizaron solicitudes verbales obteniendo la misma respuesta.

El 25 de julio de 2025, las accionantes interpusieron acción de tutela, la cual fue admitida por el Juzgado 003 Civil Municipal de Piedecuesta, quien negó la medida provisional solicitada. Mediante sentencia del 5 de agosto de 2025, el juzgado de primera instancia negó la tutela por improcedente, considerando que la diferencia de cupos obedecía a circunstancias históricas, socioculturales, técnicas y presupuestales, y que la inconformidad de las accionantes surgió solo tras no lograr inscribirse, sin que mediara vulneración efectiva.

Durante el trámite de revisión ante la Corte, se acreditó que el Torneo Veredal de Fútbol 2025 (ramas masculina y femenina) se llevó a cabo entre el 26 de julio y el 9 de noviembre de 2025, sin la participación de los equipos representados por las accionantes, configurándose una carencia actual de objeto por daño consumado.

PROBLEMA JURÍDICO

¿Vulneró INDERPIEDECUESTA los derechos fundamentales a la igualdad material, a la no discriminación por razón de género y al acceso efectivo de las mujeres al deporte, la recreación y la asociación, invocados por las accionantes al asignar para el Torneo Veredal de Fútbol 2025 un número significativamente menor de cupos para equipos femeninos que para masculinos, o, por el contrario, dicha decisión no comporta una afectación de tales

garantías?

¿Constituyen los criterios presupuestales, operativos y organizativos invocados por INDERPIEDECUESTA una justificación constitucionalmente válida de esa diferencia de trato, o, por el contrario, la distinción resulta injustificada desde la perspectiva de los derechos fundamentales invocados?

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Sala verificó el cumplimiento de los requisitos de procedencia conforme al Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional. Encontró satisfecha la legitimación por activa, toda vez que las accionantes ejercieron la tutela en nombre propio, reclamando la protección de sus derechos fundamentales frente a una medida que incidía directamente en su posibilidad de participar en el torneo, sin que fuera necesaria la acreditación de una representación formal de los equipos. 

La legitimación por pasiva correspondió a INDERPIEDECUESTA, entidad responsable de la organización del evento. Respecto de la inmediatez, la Sala consideró que el lapso transcurrido entre la respuesta al derecho de petición (20 de junio de 2025) y la interposición de la tutela (25 de julio de 2025) era razonable. Finalmente, concluyó que se satisfacía el requisito de subsidiariedad, pues los mecanismos ordinarios (contencioso-administrativo, recursos de reposición y apelación) no ofrecían una respuesta oportuna ante la inminencia del evento deportivo (26 de julio de 2025), por lo que la tutela era el único mecanismo idóneo y eficaz para procurar la protección inmediata de los derechos comprometidos.

La Sala constató que durante el trámite se configuró una carencia actual de objeto por daño consumado, dado que el torneo se realizó entre el 26 de julio y el 9 de noviembre de 2025 sin la participación de los equipos de las accionantes, haciendo imposible restablecer la situación mediante orden judicial. Sin embargo, recurriendo a la jurisprudencia de la Sala Plena (Sentencia SU-522 de 2019), la Corte reiteró que ante un daño consumado que ocurre durante el trámite del amparo, el juez constitucional no solo tiene la facultad sino el deber de pronunciarse de fondo para establecer si existió vulneración de derechos fundamentales, proteger su dimensión objetiva y prevenir la repetición de la conducta. 

Esta obligación se reforzaba en el caso concreto porque la controversia involucraba a mujeres —grupo históricamente discriminado— y revelaba posibles barreras estructurales en el acceso a bienes constitucionalmente protegidos, lo cual confería al pronunciamiento una función pedagógica, correctiva y de garantía de no repetición.

La Corte desarrolló extensamente el contenido del artículo 13 de la Constitución, distinguiendo la igualdad formal (igualdad ante la ley) de la igualdad material o sustancial, que impone al Estado un mandato de acción para remover obstáculos estructurales que impiden el acceso efectivo a derechos y oportunidades. Recordó que la igualdad posee un contenido normativo exigible que proscribe tanto las diferenciaciones arbitrarias como aquellas que, bajo apariencia de neutralidad, producen efectos excluyentes sobre grupos históricamente discriminados.

En materia de discriminación, la Corte diferenció la discriminación directa (trato diferenciado desfavorable fundado en categorías sospechosas como el sexo) de la indirecta (medida aparentemente neutra que produce un impacto adverso desproporcionado sobre un grupo específico). Señaló que el género constituye una «categoría sospechosa» porque se asocia a rasgos permanentes de la persona, a patrones históricos de subordinación y a la imposibilidad de distribuir racionalmente bienes o cargas con base en ellos. Por ello, toda diferenciación fundada en el género debe someterse a un juicio estricto de igualdad.

La Sala aplicó el juicio integrado de igualdad, metodología desarrollada en el control abstracto pero plenamente aplicable al control concreto en tutela. Distinguió tres niveles de intensidad:

• Escrutinio leve: para medidas económicas o tributarias donde basta constatar que el medio es razonablemente idóneo.
• Escrutinio intermedio: cuando la medida se funda en un criterio potencialmente problemático que afecta un derecho no fundamental; exige un fin constitucionalmente importante.
• Escrutinio estricto: cuando la medida produce un impacto negativo o excluyente, recae sobre grupos en situación de debilidad manifiesta, utiliza criterios sospechosos (como el sexo o género) o afecta gravemente un derecho fundamental. En este nivel, la autoridad debe demostrar que: (i) la finalidad es constitucionalmente imperiosa; (ii) la medida es efectivamente conducente; (iii) es estrictamente necesaria (no existen alternativas menos lesivas); y (iv) es proporcional en sentido estricto.

La Corte recordó el artículo 43 de la Constitución, que establece la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y proscribe toda discriminación contra la mujer, así como el deber estatal de protección especial en situaciones de vulnerabilidad históricamente asociadas al género. Igualmente, citó la CEDAW (bloque de constitucionalidad), que define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos.

La Corte enfatizó que la prohibición de discriminar por razón de sexo no impide las acciones afirmativas o medidas de diferenciación positiva, que son constitucionalmente válidas cuando buscan corregir desigualdades de facto y compensar la relegación histórica. Sin embargo, advirtió que dichas medidas no pueden fundarse en estereotipos paternalistas. En el ejercicio de la función jurisdiccional, el juez constitucional debe incorporar una perspectiva de género que reconozca las desigualdades estructurales y corrija su incidencia en el litigio.

A partir del artículo 52 de la Constitución, la Ley 181 de 1995 y la Ley 2462 de 2025, la Corte reafirmó que el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son derechos fundamentales de todas las personas, estrechamente vinculados a la educación, la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la asociación. Su ejercicio debe garantizarse en condiciones de igualdad de oportunidades. La Corte destacó que estas actividades generan beneficios físicos, psicológicos y sociales, y constituyen escenarios de participación comunitaria, cohesión social y construcción de tejido social, particularmente relevantes para grupos históricamente excluidos como las mujeres rurales.

La Sala realizó un detallado análisis histórico-cultural sobre la exclusión de las mujeres del deporte. Recordó que el deporte fue concebido históricamente como un espacio reservado a los hombres, asociado a valores tradicionalmente masculinos (fuerza, competencia, resistencia), mientras que a las mujeres se les asignaron roles secundarios o simbólicos. Esta exclusión se ha manifestado en menores recursos, menor visibilidad, desvalorización simbólica y barreras estructurales que persisten a pesar de los avances formales hacia la paridad. 

La Corte concluyó que la discriminación en el deporte no se agota en actos explícitos de exclusión, sino que también se manifiesta en decisiones organizativas (cupos, reglamentos, condiciones de acceso) que, bajo criterios aparentemente neutrales, consolidan jerarquías fundadas en estereotipos sexistas.

La Corte reconoció que los municipios poseen autonomía para gestionar el deporte y la recreación (artículos 287 y 311 de la Constitución), pero enfatizó que dicha autonomía no es absoluta ni exenta de control constitucional. Es una autonomía funcional y reglada, condicionada por la supremacía de la Constitución y el deber de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Ninguna autoridad territorial puede ampararse en su autonomía administrativa, organizativa o presupuestal para justificar decisiones que vulneren la dignidad humana, la igualdad material o la prohibición de discriminación. En el ámbito deportivo, las decisiones administrativas deben evaluarse a la luz de los derechos fundamentales comprometidos y del impacto real sobre el acceso igualitario.

La Sala determinó que la decisión de INDERPIEDECUESTA debía examinarse bajo escrutinio estricto, dado que: (i) se fundó en un criterio sospechoso (el género); (ii) afectó a mujeres, grupo históricamente discriminado; (iii) incidió en el goce de derechos fundamentales (igualdad, deporte, asociación, recreación); y (iv) impactó específicamente a mujeres rurales, quienes enfrentan barreras estructurales adicionales.

• Finalidad: INDERPIEDECUESTA invocó razones de planeación, disponibilidad presupuestal, capacidad logística e inclusión progresiva del fútbol femenino. La Corte reconoció que tales fines pueden ser legítimos en abstracto, pero bajo escrutinio estricto se exige que sean constitucionalmente imperiosos. La entidad no acreditó que la ampliación de cupos femeninos fuera materialmente imposible o comprometiera gravemente la viabilidad del evento. El propio reconocimiento de una proyección de ampliación para 2026 evidenció que la restricción obedecía a una decisión de gradualidad, no a una imposibilidad estructural.

• Conducencia y necesidad: La entidad no demostró que la asignación de 10 cupos para mujeres fuera efectivamente conducente a garantizar la adecuada organización del torneo, ni explicó por qué la participación de más equipos femeninos generaría un impacto logístico o financiero diferente al de los equipos masculinos. Tampoco acreditó haber evaluado alternativas menos restrictivas, tales como la redistribución progresiva de cupos, la implementación de fases adicionales o paralelas, la gestión de apoyos con entidades departamentales/nacionales, o ajustes razonables frente a la demanda efectivamente registrada. La ausencia de esta justificación reveló una actuación administrativa que priorizó criterios de conveniencia organizativa sobre el deber constitucional de remover barreras de acceso.

• Proporcionalidad en sentido estricto: La afectación generada fue particularmente intensa: exclusión material de equipos femeninos veredales, frustración de expectativas legítimas, afectación al bienestar físico y mental, y reproducción de estereotipos de género en un contexto rural donde el deporte comunitario es un escenario central de participación social. Esta afectación no se vio compensada por beneficios demostrados e indispensables para la administración. Por el contrario, el costo constitucional de profundizar desigualdades estructurales resultó elevado e incompatible con el Estado social de derecho.

La Sala revocó la decisión del Juzgado 003 Civil Municipal de Piedecuesta, que negó la tutela considerando que la diferencia de cupos obedecía a circunstancias históricas y socioculturales. La Corte señaló que el juez de instancia: (i) no aplicó adecuadamente los precedentes constitucionales; (ii) desconoció el contexto de desigualdad estructural en el acceso de las mujeres al deporte; (iii) condicionó la vulneración a la existencia de cuestionamientos previos a la convocatoria, cuando la afectación se materializó en el momento de la negativa de inscripción; y (iv) aceptó sin escrutinio la justificación presupuestal de la entidad, omitiendo verificar si existían alternativas menos restrictivas, lo cual resulta incompatible con el estándar de control exigible ante criterios sospechosos de diferenciación.

RESUELVE

Primero. REVOCAR la sentencia de tutela de primera instancia del 5 de agosto de 2025 proferida por el Juzgado 003 Civil Municipal de Piedecuesta que negó la protección de los derechos fundamentales de las accionantes. En su lugar, (i) TUTELAR, en su dimensión objetiva, los derechos fundamentales a la igualdad, al deporte, al libre desarrollo de la personalidad, salud física y mental, recreación y asociación de las accionantes y de las mujeres participantes en el fútbol veredal del municipio de Piedecuesta, y (ii) DECLARAR la

carencia actual de objeto por daño consumado, respecto de la pretensión de participación de los equipos de fútbol femenino representados por las accionantes en el Torneo Veredal de Fútbol 2025 del municipio de Piedecuesta, por haberse realizado el evento deportivo durante el trámite de la presente acción.

Segundo. ORDENAR a INDERPIEDECUESTA, o a quien haga sus veces, que dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, adopte mediante acto administrativo de carácter general, criterios objetivos, transparentes y verificables para la asignación de cupos en torneos deportivos comunitarios, incorporando de manera expresa el enfoque de igualdad material y de género.

Tercero. ORDENAR a INDERPIEDECUESTA que en futuras convocatorias, garantice que cualquier diferenciación en la asignación de cupos entre categorías masculinas y femeninas, no produzca efectos excluyentes o desproporcionados.

Cuarto. EXHORTAR al Municipio de Piedecuesta para que, en el marco de la formulación y adopción de la Política Pública del Deporte y la Recreación y de la Política Pública de la Mujer, incorpore lineamientos específicos de promoción del deporte femenino rural en sus políticas públicas sectoriales, con metas verificables y mecanismos de seguimiento.

Quinto. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, asuma el seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia y que remitan al juez de primera instancia, un informe detallado del cumplimiento de esta sentencia dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la misma.

Sexto. DESVINCULAR del presente trámite de tutela a la Alcaldía Municipal de Piedecuesta (Santander), a la Gobernación de Santander y al Ministerio del Deporte, al no acreditarse su intervención decisoria ni responsabilidad en los hechos que dieron lugar al reproche constitucional.

Séptimo. ADVERTIR que el incumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia podrá dar lugar a las responsabilidades previstas en el Decreto 2591 de 1991.