| Organizaciones firmantes | Asociación Para la Promoción Social Alternativa -MINGA-, la Comisión Colombiana de Jurista, la Corporación Jurídica Yira Castro y Humanidad Vigente Corporación Jurídica |
| Fecha de radicación | 10/23/2019 |
| Radicado ante | SRVR de la JEP |
| Ciudad | Saravena, Arauca |
| Categorías | Informes justicia transicional | |
Reseña
El 25 de septiembre de 2020 Humanidad Vigente junto con la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta —Asomudem—, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado —Movice—y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentamos a la JEP el informe El llanto del arpa: lucha, resistencia y dignidad de las víctimas de las masacres en el Meta 1997-1998.
El Llanto del Arpa detalla como el Estado Colombiano, mediante su estrategia paramilitar, dispuso el territorio de los Llanos orientales y sus pobladores a la política de tierra arrasada con el objetivo de trasnacionalizar sus recursos, abaratar la compra de grandes extensiones de tierra y la precarización de la población con el objetivo de garantizar mano de obra barata. Con lo que, adicionalmente, lograron la expansión del paramilitarismo a nivel nacional.
En el informe describimos cuatro masacres cometidas en los departamentos del Meta y Vichada entre los años 1997 y 1998, basándonos en los expedientes judiciales y la retroalimentación participativa de las víctimas sobrevivientes. Dicho ejercicio nos permite argumentar tal exacerbación de crueldad y violencia no hubiera sido posible sin el papel de altos mandos militares responsables, por acción o por omisión.
La primera parte del informe presenta los antecedentes históricos. La segunda parte ejemplifica la consolidación territorial en los Llanos Orientales de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá —ACCU—, mediante la descripción de las masacres de Mapiripán (15 y el 20 de julio de 1997), San Carlos de Guaroa (3 de octubre de 1997) y Puerto Alvira (4 de mayo de 1998) en el Meta y la masacre de El Planchón, Vichada (5 de julio de 1998); en todos los casos existió conocimiento previo de la situación de amenaza de incursión paramilitar, debido a las diferentes alertas dadas por la comunidad, sin embargo, la población civil del departamento estaba fuertemente estigmatizada por parte de la Fuerza Pública por lo que nunca fueron escuchados o desmentidas las alertas. La tercera parte, yuxtapone a esa cartografía del dolor, las unidades y la línea de mando militar al momento de los hechos, que permitió la extensión y consolidación del fenómeno paramilitar en el departamento, así como en otras regiones del país. En la cuarta parte, mediante el análisis de las investigaciones penales, logramos establecer que la violencia estatal en su versión paramilitar perduro hasta después de los hechos mediante justificaciones mediante de funcionarios estatales, tácticas de encubrimiento, dilación de las investigaciones y el negacionimos, que en general hemos agrupado como mecanismos de impunidad. En la quinta parte, el informe presenta una abordaje conceptual y factico la práctica del despojo y su inescindible relación con el paramilitarismo. La sexta sitúa en la discusión los daños que padecieron las víctimas, que dan luz a las posibles formas en que pueden ser reparadas. La última parte, eleva una serie de solicitudes y medidas tendientes a dar impulso procesal y así avanzar en la lucha contra la impunidad.
Especialmente se le solicitó a la extinta Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición develar el actuar conjunto entre grupos paramilitares, agentes estatales, terceros civiles y financiadores en la región de los Llanos orientales, su relación con el despojo de territorios y la implantación de un modelo de desarrollo extractivista minero energético, agroindustrial, de ganadería extensiva y monocultivo de palma, que avance en la comprensión del papel del paramilitarismo en el conflicto armado y la violencia sociopolítica.
