| Organizaciones firmantes: | Asociación Para la Promoción Social Alternativa -MINGA-, Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Jurídica Yira Castro y Humanidad Vigente Corporación Jurídica. |
| Fecha de radicación: | 5 de mayo de 2022 |
| Radicado ante | SRVR de la JEP. |
| Ciudad: | Bogotá |
Reseña:
‘Ellos sabían ¿Dieron la orden? De la violación del principio de distinción a la barbarie’ es un informe presentado públicamente a la JEP el 5 de mayo de 2022 y fue el resultado de una apuesta articulada por la lucha contra la impunidad a nivel nacional. Su objetivo es llamar la atención sobre aquellos funcionarios que por su nivel jerárquico, tienen responsabilidad en graves hechos de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado.
El informe alcanza el objetivo analizando documentos obrantes como elemento material probatorio en el expediente de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (radicado No.2009-00189) en relación con los delitos de guerra de Mario Montoya Uribe y su relación con las fases de implementación (2002-2006) y consolidación (2006-2010) de la Política de Seguridad Democrática —PSD— del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El informe caracteriza la PSD y PCSD como aceleradoras del modelo económico incidiendo en el contexto social y cultural mediante la popularización de medidas autoritarias de control social. Lo autoritario fue parte fundamental de ese modelo, pues sofocó la posibilidad de existencia de los reclamos sociales; buscó concentrar todos los poderes públicos e intentó eliminar o subordinar los diversos órganos de control. Usó la fuerza legítima del Estado como aparente rechazo a las vías de hecho, aunque realmente no renuncia a ellas (alianzas del ejército con paramilitares y narcotraficantes, bajo el argumento que la guerra hay que ganarla, cueste lo que cueste). Tendió a eliminar las diferencias en su pretensión de construir un pensamiento único y empleó una neolengua acompañada de expresiones paternalistas con las que procuró disimular su autoritarismo.
En este informe, se documenta el conocimiento que tuvo el alto estamento militar y civiles que ostentaban altos cargos dentro de la institucionalidad sobre el incremento de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales desde sus tempranas etapas, y recopila documentos que prueban que existieron denuncias formales por esas graves violaciones por lo menos desde el año 2004, así como al menos 42 reuniones, oficios y comités de trabajo de los que participaron o tuvieron conocimiento funcionarios de la Vicepresidencia de la República, el Programa presidencial para los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Dirección de la Justicia Penal Militar, la Inspección General de las Fuerzas Militares, la Inspección General del Ejército, la Comandancia del Ejército, Comandancias de División, entre otras entidades que oficiaron o recibieron oficios, o bien participaron en dichas reuniones donde se trató el tema de la comisión e incremento de esa práctica criminal.
El informe evidencia el uso gubernamental del ‘discurso de odio’ para justificar graves prácticas violatorias de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, para recrear una falsa sensación de seguridad. El discurso de odio se asentó desde las más altas esferas del poder ejecutivo y de la élite hegemónica cultural y política, abarcando iconos de la cultura popular, hasta los soldados rasos y en la mayoría de funcionarios públicos. El uso de dicho lenguaje pretendió dividir la sociedad en dos, quienes apoyaban la política de Seguridad Democrática y a quienes no la apoyaron como los enemigos a eliminar, estimuló graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y la militarización de la vida civil, entre otros fenómenos de violencia de estado.
En el informe esos usos genocidas del lenguaje son rastreados en versiones voluntarias a militares de diferentes rangos y unidades militares del ejército nacional rendidas ante la SRVR de la JEP y la otra en la información obtenida de discursos de odio realizado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en diferentes escenarios públicos.