| Organizaciones firmantes | Humanidad Vigente Corporación Jurídica y Comité permanente para la Defensa de los Derechos Humanos capítulo Nariño—CPDH— |
| Fecha de radicación | 03/18/2022 |
| Radicado ante | SRVR de la JEP. |
| Ciudad | Pasto / Nariño |
| Categorías | Informes justicia transicional | |
Reseña:
El 18 de marzo de 2022 en audiencia ante la JEP realizada en Pasto, Nariño, junto con CPDH capitulo Nariño, presentamos el informe Etnocidio de los Pastos: Masacre de Túquerres 1996 a 2000 con la intención de visibilizar el proceso de etnocidio al que fueron sometidos los indígenas Pastos recuperadores de tierras.
En 1994 los Pastos, particularmente los agrupados en la parcialidad de Chaitan, enfrentaban una grave amenaza para su pervivencia física y cultural causada por la precaria situación territorial, que es una de las expresiones del genocidio continuado al que han sido sometidos los pueblos amerindios de Colombia, en esa lógica los Pastos de Túquerres fueron obligados a arrinconarse en el territorio del páramo de ese municipio.
El movimiento indígena Pasto para evitar el exterminio, encontró como única alternativa ‘volver a bajar hacia las tierras planas’ y en 1995 oficiaron al extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —Incora— para que les titularan predios de la hacienda ‘La Alegría’. Los Pastos se enteraron por medio de bando que el Incora convocaba a los ‘interesados en unos terrenos de los que no encontraron matrícula inmobiliaria’. Tres días después de la notificación viva voz, comenzaron a aparecer falsas escrituras de titularidad de los predios.
En 1996 el Instituto de la Reforma Agraria—Incora— promovió unos tímidos avances en materia de justicia territorial, certificando la propiedad ancestral de algunas porciones del territorio, en cabeza de algunas naciones amerindias. Es necesario anotar que una de las primeras acciones de Álvaro Uribe Vélez, apenas iniciado su primer mandato, fue contrarrestar ese tímido impulso del Incora eliminándolo y reemplazándolo por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural —Incoder—, sepultando la política de redistribución de tierras rurales que orientaban al primero.
Ese proceso inverso ha implicado que hiciera carrera el concepto ‘Contrarreforma agraria’(Chaves y Zambrano, 2009) del cual participan activamente los grupos paramilitares, terratenientes, partidos políticos, fuerza pública, funcionarios públicos —especialmente notarios, registradores de instrumentos públicos, concejales municipales y congresistas—, entre otros. Entre las estrategias de la contrarreforma agraria cuentan con el desplazamiento forzado, la tortura, la desaparición forzada, la violencia sexual, la formalización expedita de predios, las trabas burocráticas que garantizan el despojo y, para el caso particular, el etnocidio.
El etnocidio de los Pastos devino en tres fases. Primera fase. La estrategia genocida / etnogenocida del Estado Colombiano para con los Pastos de Túquerres se fue zurciendo paulatinamente. Las primeras muestras del sufrimiento y la precarización que tendrían que afrontar en esta nueva etapa del continuum de violencia sistemática al que por siglos han sido sometidos los pueblos indígenas de Colombia, se materializó para los Pastos en graves agresiones físicas, lesiones, detenciones arbitrarias y persecución judicial encabezadas por el ejército y la policía, pero a la que se sumaron los fiscales, los jueces y las autoridades municipales.
Segunda fase. Se caracteriza por la vinculación de sectores de la población civil con reconocido poder político y económico en la estrategia de represión, que aportaron a la misma, entre otras, el uso indiscriminado de símbolos distintivos de las guerrillas que hacían presencia en la zona, para amplificar el efecto de terror sobre los Pastos. Ganaderos y terratenientes desataron una fuerte persecución contra los comuneros y fueron abundantes las amenazas escritas y verbales dirigidas al Cabildo y a la Corporación que usaban membretes y firmas de las FARC-EP, EPL o el ELN. Paralelamente los cabildantes y los dirigentes de la Corporación eran seguidos de forma implacable por agentes de seguridad estatales.
Tercera fase. Caracterizada por las ‘tensiones etnoraciales’ o la desarticulación del circuito cultural, económico, social y político que se configura entre los indígenas y los campesinos, mediante la instalación de ‘tensiones’ entre los dos grupos subalternos. La ‘tensión’ existe en tanto efecto simbólico que reproduce el ‘multiculturalismo’ con el mestizaje, entendido como dispositivo ideológico del Estado-nación (Briones, 2005); que a la larga busca mantener e imponer sentidos comunes mediados por perspectivas (neo)darwinistas para la interacción intersubjetiva en todos los dominios sociales habitados por sus asociados. En otras palabras, los Estado-nación permiten que existan grupos marcados o auto-marcados por cierta alteridad, a condición que reproduzcan en todas sus esferas la lucha por el acceso a recursos, instalando la idea de la supervivencia del mas ‘apto’.
Cuarta fase. Que se podría denominar ‘democidio’, inició 8 días después de la entrega de la primera etapa del predio La Alegría a los Pastos de Túquerres. La noción de democidio implica la muerte “de aquella parte de la sociedad civil capaz de oposición, de crítica, de rebeldía, de alguna forma de contestación, capaces de generar en su lucha, ‘cultura alternativa’.
El 13 de abril de 2020 mediante la Resolución No.047 del Despacho Fiscal 45, adscrito a la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos —DECVDH—, declaró la masacre de los Pastos como crimen de lesa humanidad; por lo tanto, imprescriptible y ordena continuar con las investigaciones. En su argumentación describe el carácter sistemático y generalizado del “ataque de exterminio contra el pueblo indígena de los Pastos”, lo que obliga a decláralos crímenes como de lesa humanidad, acudiendo al bloque de constitucionalidad.
