| Organizaciones firmantes: | Asociación Para la Promoción Social Alternativa -MINGA-, la Comisión Colombiana de Jurista, la Corporación Jurídica Yira Castro y Humanidad Vigente Corporación Jurídica. |
| Fecha de radicación: | 23 de octubre de 2019 |
| Radicado ante: | SRVR de la JEP. |
| Ciudad: | Saravena / Arauca. |
Reseña:
Hay epopeyas que no hablan de guerreros con espadas ensangrentadas erguidos petulantes sobre vencidos y derrotados. Algunas epopeyas nos hablan del triunfo de la solidaridad, la ética del cuidado y la dignidad; son ese tipo de triunfos que se cuentan en la epopeya de la sociedad civil de Arauca. Lastimosamente toda epopeya siempre contiene capítulos de mucho dolor y uno de esos capítulos ocurrió entre 2002 a 2008, cuando el ejército de Colombia adoptó como práctica criminal sistemática ejecutar civiles indefensos para elevar de forma ilegal las cifras de éxito militar. Práctica especialmente exacerbada con las y los araucanos por haber sido dispuestos históricamente por el Estado como laboratorio de guerra.
El 23 de octubre de 2019 en el municipio de Saravena / Arauca, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Jurista y la Corporación Jurídica Yira Castro presentaremos ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, el informe De Arauca somos y resistimos: ejecuciones extrajudiciales 2002-2008, en el cual documentamos 79 casos de esa práctica criminal ocurridos en jurisdicción de la Segunda División del Ejército Nacional, específicamente de las Brigadas 18 y Móvil nro. 5. Adicionalmente relacionamos 116 víctimas, respecto las cuales solicitamos su acreditación como intervinientes especiales ante la JEP. Entre los casos que documentamos contamos con dolor la tortura y ejecución extrajudicial de varios menores de edad, un indígena, de una mujer al interior de su vivienda y de cinco líderes sociales y sindicales.
En la primera parte presentamos un contexto sociopolítico, histórico y económico, enfatizando en los diferentes actores del conflicto armado en su fase más álgida, la “Política de Seguridad Democrática”, la línea de mando militar y los patrones criminales. En la segunda parte presentamos los casos, sugerimos la calificación jurídica y hacemos una serie de solicitudes para dar impulso procesal y abonar el camino hacia la verdad, justicia, reparación y no repetición. Para la elaboración del informe sostuvimos por más de un año encuentros periódicos con los beneficiarios y con la fundación de derecho humanos Joel Sierra que hace presencia constante en el territorio.
